Horas después, gracias a la mediación de un sacerdote, los militares fueron entregados en la vereda Alto Quebrador. Sin embargo, cuando vehículos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA se dirigían a recogerlos, fueron interceptados y los soldados nuevamente retenidos por la comunidad. La organización campesina Corpoayarí emitió un comunicado pidiendo la liberación de Liceth Daza Hoyos, la mujer capturada durante el operativo inicial, lo que sugiere que la retención de los militares es una medida de presión para un intercambio. Finalmente, tras una segunda mediación de la Defensoría del Pueblo, los soldados fueron liberados de forma definitiva y trasladados a San Vicente del Caguán. El episodio ilustra la instrumentalización de la población civil por parte de grupos armados y el uso del secuestro como herramienta de negociación contra el Estado.