La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa rechazaron enérgicamente la amenaza, calificándola como inadmisible y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. El grupo armado ilegal mantiene en su poder a los agentes del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados el 8 de mayo en Fortul; y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y al subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, de la DIJIN, retenidos el 20 de julio en la vía Tame-Arauca. A través de un comunicado, el ELN justificó su decisión argumentando que sus propuestas de un “canje de prisioneros” no han tenido respuesta por parte del Gobierno y la Fiscalía. Según la guerrilla, los funcionarios podrían recibir “penas de prisión de 3 a 7 años” bajo su propio “Código de Guerra”. La Fiscalía General de la Nación calificó la amenaza como “inadmisible” y rechazó que se condicione la libertad de los servidores a un canje, tratándolos “como si se tratara de fichas de cambio”. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno no cederá al “chantaje ni a la intimidación” y responsabilizó al ELN por la vida e integridad de los secuestrados. La Defensoría del Pueblo también condenó el anuncio, señalando que los funcionarios no son combatientes y que cualquier juicio por parte de un grupo armado carece de validez legal, constituyendo una de las violaciones más graves al DIH.