La JEP define situación jurídica de militares implicados en ‘falsos positivos’
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado decisiones determinantes sobre la situación jurídica de exmiembros de la fuerza pública implicados en asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate. Mientras 133 comparecientes recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal, tres altos oficiales en retiro fueron remitidos a juicio por no reconocer su responsabilidad. En un avance significativo dentro del Caso 03, la JEP resolvió la situación de 133 militares que no fueron seleccionados como máximos responsables de crímenes cometidos en Norte de Santander entre 1999 y 2008. Estos exuniformados recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal tras cumplir con los requisitos del régimen de condicionalidad, que incluyen aportar verdad plena, reconocer su participación y contribuir a la reparación de las víctimas. Este beneficio implica el archivo de los procesos penales y disciplinarios en su contra. Por otro lado, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) al mayor general (r) Juan Pablo Forero Tascón y a los tenientes coroneles (r) Jairo Bocanegra de la Torre y Édgar Emilio Ávila Doria. La decisión se tomó después de que los exoficiales no reconocieran su responsabilidad en la implementación de una política de “conteo de cuerpos” en la Cuarta Brigada del Ejército, en Antioquia, que resultó en al menos 434 asesinatos y desapariciones forzadas entre 2004 y 2007. Al no aceptar los cargos, los tres exoficiales enfrentarán un juicio adversarial ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.



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