Según las acusadas, el animal estaba “poseído” y lo quemaron para “liberarlo”.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y oraciones provenientes de la vivienda. La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de muerte a animal agravado, cargos que las procesadas no aceptaron.

Debido al comportamiento inusual registrado durante los procedimientos, las autoridades judiciales ordenaron una evaluación psiquiátrica para ambas.

El caso ha sido destacado por organizaciones defensoras de animales como un ejemplo de la crueldad que debe ser sancionada con severidad. Insisten en que la Ley Ángel, promulgada en 2025, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y sanciones económicas, debe aplicarse sin excepciones para evitar que estos crímenes queden impunes.