La decisión final sobre su extradición queda en manos del presidente Gustavo Petro.

Según Armando Novoa, jefe negociador del gobierno, la Ley de Paz Total permite suspender órdenes de captura con fines de extradición si existen “resultados tangibles” en el proceso de negociación. Sin embargo, la continuidad de los diálogos se vio comprometida tras su captura a inicios de año. Pese a la tensión, el grupo armado ha mostrado gestos como la destrucción de material de guerra en Putumayo. La decisión de la Corte Suprema pone sobre la mesa el dilema entre los compromisos de la paz total y las obligaciones de cooperación judicial internacional en la lucha contra el narcotráfico.