Adicionalmente, la corporación ordenó excluir como prueba una interceptación a la línea telefónica de Uribe realizada en 2018, por considerarla irregular y violatoria de su derecho a la intimidad, aunque mantuvo las grabaciones de conversaciones entre él y su entonces abogado, Diego Cadena. Tras conocerse el fallo, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Nos vamos a casación.

Esta batalla no ha terminado”, afirmó, asegurando que existen “suficientes elementos materiales probatorios para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez como determinador”.