Aunque el 70% de los servicios correspondían a atenciones ambulatorias, el 84% del valor se concentró en procedimientos hospitalarios de alto costo como cirugías y UCI. El informe documenta casos extremos, como el de un afiliado de Coosalud con servicios registrados 26 años después de su muerte y facturas por más de 2.700 millones de pesos. La Adres señaló que, si bien pueden existir demoras administrativas en la actualización de los registros de defunción, la normativa prohíbe reconocer cualquier servicio posterior al fallecimiento. Estos hallazgos, que surgen en el marco de una revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ya fueron puestos a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud y los entes de control para las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.