Los atacantes dispararon desde un vehículo que, según informes, había salido del mismo edificio que las víctimas.

El automóvil fue encontrado más tarde abandonado en la localidad de Suba con dos armas traumáticas modificadas en su interior.

El incidente ha provocado fuertes reacciones.

El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque a “mafias coordinadas” y ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliar la protección a los activistas de derechos humanos de cualquier país que residan en Colombia. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, condenó el ataque, afirmando que ambos activistas eran perseguidos por el régimen de Maduro e instó al presidente Petro a garantizar una investigación “exhaustiva, transparente y urgente”. La Defensoría del Pueblo también condenó el atentado, confirmando que Velásquez había solicitado su ayuda en su proceso de solicitud de refugio. El ataque pone de relieve los riesgos que enfrentan los exiliados venezolanos en Colombia, y varias organizaciones piden medidas de protección efectivas y un proceso de asilo más ágil.