Según expertos legales citados en los artículos, cuando tales actos ocurren en zonas urbanas, la justicia ordinaria prevalece.

La violencia contra un servidor público conlleva una pena de prisión de cuatro a ocho años según la ley colombiana.

En una enérgica declaración, Galán también instó al gobierno nacional a revisar sus negociaciones con los grupos involucrados en los disturbios, exigiendo que “desarme a los grupos con los que está hablando”.

Argumentó: “No puede estar negociando con unos grupos que están armados y están utilizando herramientas como estas para afectar a la población y a la policía”.