El caso se centra en presuntas irregularidades en seis contratos interadministrativos firmados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021, con un detrimento patrimonial estimado en más de 2.481 millones de pesos. La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La juez del caso ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Cadavid y Rúa, al considerar que podrían obstruir la justicia, mientras que un tercer implicado, Elkin de Jesús González, enfrentará el proceso en libertad.

Las pruebas clave presentadas por la Fiscalía incluyen audios de interceptaciones telefónicas. En una de las grabaciones, Cadavid presuntamente habla de su cercanía con la administración de Daniel Quintero y acuerdos políticos. En otra, se escucha una conversación entre Cadavid y Rúa sobre cómo facturar por encima del valor real de los bienes. La investigación sugiere que parte de los recursos desviados habrían financiado la campaña de Misael Cadavid a la Cámara de Representantes. Un testigo aseguró que Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde, era uno de los responsables de direccionar los contratos hacia Cadavid.