El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque a “mafias coordinadas” y ordenó una investigación inmediata, afirmando que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección a activistas de derechos humanos de cualquier país. La líder opositora venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, condenó el hecho y exigió al gobierno colombiano una investigación “exhaustiva, transparente y urgente”, responsabilizando a la “dictadura de Nicolás Maduro” por la persecución que obligó a ambos al exilio. Organismos como la ONU Derechos Humanos en Colombia también se sumaron al llamado de protección y justicia.