En menos de dos semanas, cuatro funcionarios han sido asesinados y varios más han resultado heridos en atentados atribuidos a un “plan pistola” orquestado por el crimen organizado desde las prisiones. Los ataques, registrados en Bogotá, Cali, Palmira y Cartagena, han sido interpretados como una retaliación de bandas criminales por los operativos de control contra la extorsión y otras actividades ilícitas que se dirigen desde los centros penitenciarios.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, afirmó que “la hipótesis más grande es que es crimen organizado con un propósito de generar zozobra, intimidación”. Según el líder sindical Hernando Vitola, se ofrecen recompensas de “3 a 5 millones de pesos” por la vida de los guardianes. En respuesta, el Inpec realizó un megaoperativo simultáneo en 123 cárceles, incautando más de 1.000 celulares, armas cortopunzantes y estupefacientes. Además, se suspendieron temporalmente las visitas en penales de Bogotá y Valle del Cauca, y se anunció un plan para que los funcionarios puedan adquirir armas de uso personal para su defensa. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha instado al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria, una medida que permitiría agilizar traslados y disponer de recursos presupuestales de forma expedita para enfrentar la crisis. Mientras tanto, cabecillas como alias ‘Pipe Tuluá’ se han ofrecido como mediadores para frenar la violencia, una propuesta que evidencia la complejidad del poder que ejercen estas estructuras criminales incluso estando tras las rejas.