44 Ramón Nonato Pérez, fueron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional para asesinar a civiles y presentarlos como bajas en combate.

Según la JEP, entre las víctimas se encontraban mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva.

La investigación determinó que durante el mando del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, también postulado, se consolidó un sistema de incentivos como ascensos y permisos para premiar a los uniformados con más “resultados operacionales”. Los comparecientes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad detallada sobre los patrones criminales, lo que permitió a la Sala de Reconocimiento emitir la Resolución de Conclusiones. El caso ahora pasa al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones propias, las cuales incluyen restricciones de libertades y la ejecución de proyectos restaurativos acordados con las víctimas, como la creación de un Parque de la Memoria y la Paz en Yopal.