El grupo incluye a 19 militares retirados, entre ellos el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, un exfuncionario del DAS y dos civiles.

La JEP concluyó que los imputados formaron parte de una “organización criminal” que utilizó la estructura de la Brigada XVI del Ejército, el Gaula Casanare y el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las víctimas incluyeron mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva.

La investigación de la JEP determinó la existencia de un patrón macrocriminal donde se presionaba por resultados operacionales, incentivando las bajas con premios como ascensos, condecoraciones y permisos. Esta decisión de remitir el caso al Tribunal para la Paz se produce después de que los 22 comparecientes reconocieran su responsabilidad y aportaran verdad de manera detallada y exhaustiva, en un proceso que incluyó audiencias públicas y encuentros privados con las víctimas. Cuatro comparecientes que inicialmente no aceptaron su responsabilidad o no aportaron verdad suficiente continúan en la Sala de Reconocimiento. El caso ahora entra en la etapa de juicio, que culminará con la imposición de sanciones propias, las cuales tienen un componente restaurativo y de restricción de libertades, pero no implican cárcel.