Los hechos, atribuidos a un “plan pistola” orquestado por el crimen organizado desde el interior de las prisiones, han llevado a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias y han motivado llamados a declarar el estado de emergencia carcelaria.

La seguidilla de atentados ha afectado a personal del INPEC en Bogotá, Cali, Palmira y Cartagena. Entre las víctimas mortales se encuentran los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz, asesinado frente a la cárcel La Modelo de Bogotá; Manuel Becerra y Jimmy Flores en el Valle del Cauca; y el médico Julián Campos en Cali. El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, ha sido enfático al señalar que “la hipótesis más grande es que es crimen organizado con un propósito de generar zozobra, intimidación, a través de un tema sistemático de plan pistola”. Según Gutiérrez, estos ataques son una represalia por los más de 18.000 operativos realizados en el año, que han permitido incautar miles de celulares y armas, dificultando las actividades delictivas dirigidas desde las cárceles. Como respuesta, el INPEC realizó un megaoperativo simultáneo en 123 prisiones, suspendió temporalmente las visitas en Bogotá y Valle del Cauca, y gestiona un convenio para que los funcionarios puedan adquirir armas de uso personal para su defensa.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha instado al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria para agilizar la toma de decisiones presupuestales y operativas. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la creación de un equipo especial con la Policía y la Fiscalía para investigar los crímenes y reforzar la seguridad en los penales, ofreciendo recompensas de hasta 50 millones de pesos por información.