Familia del fiscal Marcelo Pecci demanda al Estado colombiano y a hotel Decameron

La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena, ha interpuesto una demanda de reparación directa contra el Estado colombiano y la cadena hotelera Decameron. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió el recurso, que busca una indemnización superior a los 2.000 millones de pesos por los perjuicios morales, materiales e inmateriales derivados del crimen. Los demandantes, entre quienes se encuentran su viuda Claudia Andrea Aguilera, su hijo, padres y hermanos, argumentan que existieron graves omisiones de seguridad que facilitaron el atentado. Sostienen que la Policía Nacional falló en su deber de prevención, ya que “solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito”, a pesar de que la planeación del homicidio se habría iniciado días antes y de que varios implicados tenían antecedentes judiciales. Según la demanda, la falta de medidas preventivas fue una omisión en el deber estatal de protección, considerando el alto perfil de Pecci en la lucha contra el crimen organizado. En cuanto al hotel Decameron, donde se hospedaba la pareja durante su luna de miel, la familia alega que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para proteger a un huésped de alto riesgo. Acusan una presunta “filtración” de la ubicación del fiscal que habría facilitado la ejecución del atentado por parte de los sicarios. La acción legal se presentó dentro del plazo permitido, luego de que una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación fracasara en julio de 2024.

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En resumen

La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci demandó al Estado colombiano y al hotel Decameron por más de 2.000 millones de pesos, alegando omisiones de seguridad que facilitaron su asesinato en Barú en 2022. La demanda, admitida por un juzgado de Bogotá, acusa a la Policía de falta de prevención y al hotel de una presunta filtración de su ubicación.

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