La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha postulado ante el Tribunal para la Paz a 22 personas para que reciban Sanciones Propias, tras reconocer su responsabilidad en al menos 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. Este grupo incluye 19 militares retirados de la Brigada XVI del Ejército, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles que actuaron como falsos informantes. La JEP concluyó que los implicados formaron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se estableció que durante el mando del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, se implementó un sistema de incentivos que premiaba con ascensos, condecoraciones y permisos la presentación de “resultados operacionales”, lo que fomentó la ejecución de civiles.
Entre las víctimas se encontraron mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva.
La investigación también imputó crímenes de tortura y tratos crueles a seis de los comparecientes. El caso, que cuenta con 612 víctimas acreditadas, avanza ahora a la etapa de juicio en el Tribunal para la Paz, que emitirá una sentencia restaurativa. Esta no implica cárcel, pero sí restricciones efectivas de derechos y la obligación de realizar trabajos de reparación acordados con las víctimas, como la creación de un Parque de la Memoria y la Paz en Yopal y un programa de apoyo a la búsqueda de desaparecidos. Cuatro comparecientes que no aportaron verdad suficiente siguen bajo revisión judicial y podrían ser expulsados de la jurisdicción.
En resumenLa JEP remitió a 22 personas, incluyendo al general (r) Henry Torres Escalante, al Tribunal para la Paz para que reciban Sanciones Propias por su responsabilidad reconocida en 318 'falsos positivos' en Casanare. La Sala determinó que operaron como una organización criminal dentro del Ejército, motivados por un sistema de incentivos. El Tribunal definirá ahora las sanciones restaurativas, que no incluyen cárcel pero sí trabajos de reparación y restricciones de libertades.