La jueza Claudia Marcela Castro basó la compulsa de copias en testimonios que describen una presunta reunión en 1997 en la finca “La Marranera”, en la que habrían participado los hermanos Uribe, el general (r) Carlos Alberto Ospina, y altos mandos paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Según la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, en dicho encuentro se discutió la necesidad de “callar” a defensores de derechos humanos que denunciaban la connivencia entre militares y paramilitares, mencionando explícitamente a Valle, Umaña y al periodista Jaime Garzón. El expresidente Uribe reaccionó enérgicamente, calificando la decisión como “una compulsa miserable” y la declaración de Villalba como “fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. La jueza, sin embargo, argumentó que las pruebas del caso Narváez demuestran la existencia de una estructura criminal con capacidad de planeación y adoctrinamiento, integrada por actores estatales. Jesús María Valle fue asesinado tras denunciar la complicidad de militares en las masacres de La Granja y El Aro, mientras Uribe era gobernador de Antioquia. Eduardo Umaña también fue asesinado tras denunciar alianzas entre agentes estatales y grupos ilegales.