Las autoridades atribuyen esta ofensiva a un "plan pistola" orquestado por mafias carcelarias en retaliación por los operativos contra la extorsión y la corrupción interna.

La escalada de violencia se intensificó en octubre, con el asesinato de al menos cuatro funcionarios en Bogotá, Cali y Palmira.

Entre las víctimas se encuentran los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz, Manuel Becerra, Jimmy Flórez Salazar y el médico Julián Campos.

Además, se han registrado atentados en Armenia, Cartagena y Bello.

Las investigaciones apuntan a la estructura ilegal conocida como Mago (Muerte a Guardianes Opresores), vinculada a organizaciones como ‘La Inmaculada’ de alias ‘Pipe Tuluá’, el ‘Clan del Golfo’ y el ‘Tren de Aragua’. En respuesta, el Gobierno y el INPEC anunciaron un plan de choque que incluye recompensas de hasta 50 millones de pesos, la creación de un grupo especial de investigación y el refuerzo de la seguridad perimetral en las cárceles. Se suspendieron temporalmente las visitas en penales de Bogotá y Valle del Cauca y se autorizó la adquisición de armas de uso personal para los funcionarios. La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó declarar la emergencia carcelaria para agilizar la toma de decisiones y la asignación de recursos. El sindicato del INPEC ha denunciado una “masacre sistemática”, reportando 35 asesinatos en los últimos dos años y más de 270 amenazas en 2025, evidenciando una profunda crisis estructural y la vulnerabilidad de quienes custodian el sistema penitenciario.