En esa reunión, se habría discutido la necesidad de “callar” a Valle, Umaña y al periodista Jaime Garzón por sus denuncias sobre la connivencia entre militares y paramilitares. El expresidente Uribe reaccionó enérgicamente, calificando la decisión de “compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Sostuvo que la acusación es parte de una persecución política y que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desvirtúa los señalamientos en su contra. Por su parte, el presidente Gustavo Petro comentó que la decisión evidencia cómo “desde el poder público se ejercía el crimen en Colombia”.

Los casos de Valle y Umaña, ambos declarados de lesa humanidad, permanecen como símbolos de la violencia contra quienes defendían los derechos humanos durante los años más crudos del conflicto.