La Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación, cargo que ninguno aceptó. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las capturas fueron realizadas por la DIJIN, adscrita al grupo de delitos contra la Administración Pública. Este caso ha generado una fuerte reacción, ya que afecta la confianza ciudadana en la institución encargada de garantizar la seguridad. Las autoridades han reafirmado su compromiso de perseguir la corrupción dentro de sus filas y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.