Amenazas y ataques ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial en el Huila

La seguridad de los funcionarios judiciales en el departamento del Huila se encuentra en un punto crítico, tras una serie de amenazas y un ataque armado que han puesto de manifiesto su vulnerabilidad. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL Judicial) ha denunciado públicamente que varios jueces en Neiva, La Plata, Palestina y Pitalito han recibido intimidaciones, situación que pone en riesgo no solo su integridad, sino también la independencia de la administración de justicia. El caso más reciente y alarmante fue el ataque con arma de fuego contra Jaime Poveda Ortigoza, juez Segundo Civil del Circuito de Pitalito, quien resultó herido con dos impactos de bala en un presunto intento de atraco mientras se dirigía a su despacho. Este hecho llevó a Óscar Eduardo López Rojas, presidente de ASONAL Judicial en el Huila, a declarar que “las alarmas están prendidas ya desde hace tiempo”. López Rojas denunció que las intimidaciones a los operadores judiciales no son nuevas y que la seguridad en los palacios de justicia ha disminuido considerablemente. “Sabemos nosotros que anteriormente contábamos con una presencia más activa de parte de nuestras autoridades, pero hoy ustedes lo pueden verificar cuál es la presencia que hay”, señaló. El sindicato exige que se refuercen las medidas de seguridad para garantizar que los funcionarios puedan impartir justicia de manera eficaz y sin presiones. ASONAL también ha criticado la difusión de información sin sustento jurídico en redes sociales que cuestiona las decisiones judiciales, como ocurrió tras la liberación de un ciudadano en Pitalito, lo que, según la organización, promueve la desconfianza y expone a los jueces a un “linchamiento público”.

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En resumen

La creciente ola de amenazas y el reciente ataque contra un juez en el Huila son un grave atentado contra el Estado de Derecho. La situación exige una respuesta contundente de las autoridades para proteger la vida de los funcionarios judiciales y asegurar que la justicia pueda operar sin miedo ni presiones, garantizando así la independencia judicial como pilar de la democracia.

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