Los atentados siguen un patrón similar: los funcionarios son emboscados por hombres en motocicleta al salir de sus turnos laborales. Entre las víctimas mortales se encuentran los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos en Bogotá y Jimmy Flórez Salazar en Cali, ambos atacados cuando regresaban a sus hogares.

En Palmira, Manuel Antonio Becerra Palma fue asesinado y otro funcionario resultó gravemente herido.

Ante esta arremetida, atribuida a un “plan pistola” de organizaciones criminales, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional declarar la emergencia carcelaria para agilizar la toma de decisiones y la asignación de recursos. Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), ha denunciado el abandono estatal, afirmando que en 2025 se han registrado 270 amenazas y seis asesinatos. Las investigaciones apuntan a que los ataques son retaliaciones de bandas como ‘La Inmaculada’, liderada por alias ‘Pipe Tuluá’, y estructuras asociadas a alias ‘Dimax’ y ‘Chinga Pipe’, en respuesta a los operativos contra la extorsión y la corrupción dentro de las cárceles. Como respuesta, el INPEC ha realizado megaoperativos en 123 prisiones, ha suspendido visitas temporalmente en Bogotá y Valle del Cauca, y gestiona permisos para que los guardianes puedan portar armas de uso personal fuera de servicio. El Gobierno, por su parte, anunció la creación de un grupo especial de investigación y ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre los responsables.