Los ataques, que incluyen los asesinatos de los dragoneantes Jimmy Flores Salazar en Cali, Manuel Antonio Becerra Palma en Palmira, y Miguel Llano en Bogotá, han sido atribuidos a un presunto “plan pistola” orquestado por organizaciones criminales en retaliación por los controles institucionales.

La violencia sistemática ha generado un profundo temor entre el personal penitenciario, con sindicatos denunciando más de 30 atentados y 270 amenazas en lo que va del año 2025. Las autoridades han reaccionado con la creación de un grupo especial de investigación conformado por la Fiscalía y la Policía, además del ofrecimiento de recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. En el marco de la investigación por el crimen en Palmira, la Policía logró la captura de ocho presuntos implicados tras un enfrentamiento armado, incautando un arsenal que incluye un fusil y prendas de uso privativo de la fuerza pública. A pesar de estos avances, los sindicatos del INPEC insisten en que las medidas son insuficientes y exigen al Gobierno Nacional reforzar la seguridad en los perímetros de las cárceles y garantizar la protección de los funcionarios, quienes se sienten abandonados. La situación ha sido calificada por los trabajadores como una “oleada terrorista” que busca desestabilizar el sistema penitenciario.

Inicialmente, el INPEC había suspendido las visitas en las cárceles de Bogotá y el Valle del Cauca como medida preventiva, pero revirtió la decisión para no afectar a las familias, aunque manteniendo un refuerzo en los protocolos de seguridad.