Esta decisión, que se suma al proceso penal que ya enfrenta el hijo del presidente, se basa en evidencias que sugieren que sus gastos y adquisiciones durante 2022 no se corresponden con sus ingresos como servidor público. El pliego de cargos formulado por el Ministerio Público señala que Petro Burgos, mientras ejercía como diputado, habría aumentado su patrimonio de forma irregular. La investigación disciplinaria se originó a raíz de las declaraciones de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien afirmó que él recibió dineros de dudosa procedencia de empresarios como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, recursos que presuntamente estaban destinados a la campaña presidencial de 2022 pero que fueron desviados para gastos personales. La Procuraduría encontró que los gastos reportados por Petro Burgos en 2022 superaron los 1.400 millones de pesos, una cifra que contrasta drásticamente con sus ingresos oficiales como diputado, estimados en poco más de 200 millones anuales. Entre las pruebas que sustentan el proceso se encuentran testimonios, movimientos financieros y documentos notariales, incluyendo la supuesta compra de una lujosa vivienda en Barranquilla a través de terceros. El propio Nicolás Petro confesó haber recibido 400 millones de pesos de Gabriel Hilsaca. El ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, y de ser hallado responsable, el hijo del presidente podría enfrentar una inhabilidad para ocupar cargos públicos, sanción que se sumaría a las posibles consecuencias del proceso penal que cursa en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.