Los atentados, perpetrados principalmente por sicarios en motocicleta, han tenido como objetivo a los guardianes al finalizar sus turnos.

Entre las víctimas fatales se encuentra el dragoneante Miguel Muñoz Llano, asesinado frente a la cárcel La Modelo de Bogotá, y otro funcionario ultimado en Palmira. El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que en 2025 se han registrado seis asesinatos de funcionarios y 270 amenazas, vinculando la violencia a la "lucha contundente y fuerte contra la corrupción y contra la extorsión carcelaria", que ha permitido la incautación de unos 22.000 celulares en más de 17.000 operativos. En respuesta, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó los ataques como un "acto de barbarie terrorista" y anunció, junto al Ministerio de Defensa, un plan interinstitucional con recompensas de hasta 50 millones de pesos.

Inicialmente, el INPEC suspendió las visitas en Bogotá y Valle del Cauca, pero revirtió la medida para no afectar a los familiares. Por su parte, los sindicatos, como la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), han calificado la situación como un "genocidio" y exigen al Gobierno acciones concretas, como el pago de una prima de riesgo y el fortalecimiento de la seguridad perimetral de los penales, advirtiendo que los funcionarios se sienten desprotegidos. "No somos ciudadanos fuera de la cárcel.

Es un genocidio que están haciendo contra nosotros", afirmó Óscar Robayo, líder sindical.