Sin embargo, siete días después, el traslado no se había efectuado, lo que llevó al juez Cristian Camilo López Pontón a requerir explicaciones formales al INPEC y a la Policía Nacional.

El juez conminó a las entidades a cumplir la orden bajo amenaza de sanciones por desacato y posibles acciones penales por fraude a resolución judicial. Cristian Morelli, abogado defensor de ‘Pipe Tuluá’, denunció la existencia de “trabas e impedimentos” para concretar el traslado, señalando que estas vendrían “liderados por personal del Inpec”. Morelli también subrayó la voluntad de su cliente de contribuir al proceso de Paz Total del Gobierno, un factor que, según él, podría estar relacionado con las obstrucciones. El caso pone en tela de juicio la capacidad del Estado para ejecutar decisiones judiciales en casos de alta seguridad.