La decisión se fundamenta en un presunto incremento patrimonial injustificado que superaría los 1.189 millones de pesos durante su gestión como funcionario público. El proceso disciplinario se originó a raíz de las declaraciones de Daysuris Vásquez, exesposa de Petro Burgos, quien aseguró que su entonces pareja recibió dineros de origen irregular de los cuestionados empresarios Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Según la Procuraduría, los gastos reportados por el exdiputado en 2022, que superan los 1.400 millones de pesos, no son consistentes con sus ingresos oficiales, que rondaban los 200 millones anuales. El pliego de cargos sostiene que Petro Burgos habría recibido al menos 400 millones de pesos en efectivo de Gabriel Hilsaca, recursos que supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial de 2022 pero que habrían sido desviados para gastos personales y la adquisición de bienes, como una lujosa vivienda en Barranquilla. Este proceso disciplinario corre en paralelo a la investigación penal que adelanta la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por su presunta participación en un entramado de corrupción a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), donde se habrían desviado recursos públicos y privados. De ser hallado responsable en el juicio disciplinario, Nicolás Petro podría enfrentar sanciones como la inhabilidad para ejercer cargos públicos.