La segunda sanciona a 12 exmilitares del Batallón La Popa por 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos' (Macrocaso 03).

Las sanciones no implican cárcel, sino la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR), como desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, proyectos ambientales y actos de memoria. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, alertó que la implementación de estas sanciones requiere 121.858 millones de pesos, pero el presupuesto nacional para 2026 solo garantiza 20.000 millones, dejando un déficit superior a los 100.000 millones. La JEP instó “con urgencia” al Gobierno y al Congreso a asegurar los fondos, advirtiendo que de ello depende el cumplimiento de los compromisos con las víctimas y la comunidad internacional.