La mujer, identificada como Jenni Marcela Ortiz Díaz, planeó y ejecutó el robo desde su posición como cajera principal, manipulando los protocolos de seguridad del banco. Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024. Ortiz Díaz desconectó y alteró las cámaras de seguridad para evitar ser registrada.

Posteriormente, llamó a la central bancaria para solicitar la apertura de la bóveda donde se guardaba el dinero. Para asegurarse de no tener testigos, le pidió a un compañero que saliera de la sede a recibir un supuesto domicilio que ella misma había solicitado. Aprovechando la ausencia de su colega y con acceso a la bóveda, la mujer sustrajo 435.896.654 pesos, los guardó en una tula y abandonó su lugar de trabajo, al que nunca regresó. La captura de la hoy condenada se produjo en enero de 2025 por parte de la Policía Nacional. Durante la audiencia de acusación, Ortiz Díaz se allanó a los cargos, lo que permitió que se dictara la sentencia. Su defensa solicitó el beneficio de prisión domiciliaria alegando una enfermedad grave, pero el Instituto de Medicina Legal no certificó dicha condición, por lo que deberá cumplir la pena en un centro carcelario.