La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento patrimonial injustificado. Este caso ha generado un intenso escrutinio sobre la financiación de campañas políticas y la transparencia en la función pública. La investigación del Ministerio Público determinó que Petro Burgos habría presentado un incremento patrimonial no justificado superior a los 1.189 millones de pesos durante su gestión como diputado en 2022, una cifra que no se corresponde con sus ingresos oficiales, estimados en poco más de 200 millones anuales. El proceso se originó a raíz de las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien señaló que su entonces pareja recibió millonarios recursos que, aunque supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial de 2022, fueron desviados para gastos personales. Entre las pruebas se encuentran testimonios como el de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien aseguró haber entregado 400 millones de pesos en efectivo.
También se mencionan dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra.
Según la Procuraduría, estos fondos se habrían utilizado para la compra de una lujosa vivienda en Barranquilla, avaluada en 1.600 millones de pesos, utilizando a un tercero para ocultar la adquisición. La Fiscalía General, en un proceso penal paralelo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, también ha imputado a Petro y a Vásquez, describiendo un esquema de corrupción denominado ‘Fucorrupción’ a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
En resumenEl llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría marca un avance significativo en la investigación contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito. El caso, que involucra fondos de campaña supuestamente desviados para gastos personales, se suma a un proceso penal paralelo y pone en evidencia las complejidades de la financiación política y la necesidad de mayor control sobre los recursos y la conducta de los funcionarios públicos.
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