El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, enfrenta nuevas tensiones tras la denuncia de la fiscal a cargo, Lucy Laborde, sobre presuntas presiones internas que afectan su autonomía. Este desarrollo coincide con la preparación de una nueva imputación de cargos por irregularidades en contratación, lo que agudiza la complejidad política y jurídica del caso. La fiscal Laborde envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, manifestando su “profunda preocupación” por decisiones administrativas que considera una intromisión. En la misiva, cuestionó la designación no solicitada de una fiscal de apoyo y la convocatoria a reuniones “sorpresivas” para exponer avances del caso, argumentando que estas acciones podrían “menoscabar la autonomía e imparcialidad” de su labor. En respuesta, la fiscal general revocó la asignación de la fiscal de apoyo, afirmando que no se buscaba “socavar su independencia”. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la situación, acusando a Laborde de actuar por “venganza política” y de estar “subordinada”.
Además, el mandatario solicitó ser reconocido como víctima en el proceso.
Paralelamente, la Fiscalía prepara una nueva imputación contra Petro Burgos por su presunta participación en un entramado de corrupción ligado a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y contratos con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, destinados a programas sociales que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos.
El organismo acusador sostiene tener pruebas documentales, chats y audios que comprometen al exdiputado.
En resumenEl caso contra Nicolás Petro ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un escenario de pugnas internas en la Fiscalía y de confrontación política. La denuncia de la fiscal titular sobre presiones y la inminente nueva imputación de cargos aseguran que el proceso seguirá siendo un punto central de atención en la agenda nacional.