Sin embargo, las víctimas han expresado una profunda insatisfacción.

Figuras como Ingrid Betancourt, el general (r) Luis Mendieta y Jhon Frank Pinchao, junto con familiares de los diputados del Valle, han calificado la ausencia de restricción de la libertad como una forma de impunidad que no repara el daño sufrido. Betancourt afirmó que “para que haya reparación tiene que haber justicia”, y que la falta de sanciones efectivas “acaba con la posibilidad de que en el futuro haya procesos de paz negociados en Colombia”. La implementación de estas sentencias enfrenta, además, un desafío financiero significativo. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que se necesitan con urgencia 121.858 millones de pesos para ejecutar los proyectos, pero el presupuesto nacional de 2026 solo garantiza 20.000 millones, dejando un déficit que pone en riesgo el cumplimiento de las medidas reparadoras.