Laborde también reportó haber sido citada a reuniones “sorpresivas” para exponer avances del caso.

En respuesta, la fiscal general decidió retirar a la funcionaria de apoyo para “garantizar la transparencia y la autonomía del proceso”. El presidente Petro reaccionó a la controversia acusando a la fiscal Laborde de actuar con motivaciones políticas y de filtrar información. Por otro lado, se fijó para el 1 de octubre la audiencia en la que la Fiscalía imputará a Nicolás Petro los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico. A estos cargos se sumará el de tráfico de influencias. En esta audiencia, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, lo que podría implicar su reclusión en un centro carcelario y afectar la libertad condicional de la que goza actualmente por el proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.