La jueza le otorgó la libertad condicional tras cumplir 48 meses de pena, incluyendo redenciones. Sin embargo, la Procuraduría apeló la medida, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales, citando normativas como el Código Penal y la Ley 190 de 1995, que imponen restricciones a beneficios para condenados por delitos contra la administración pública. Además, el Ministerio Público señaló que las entidades perjudicadas no se constituyeron como parte civil en el proceso, un requisito clave.

La investigación disciplinaria contra la jueza Fernández no solo se centrará en las circunstancias de la concesión de la libertad, sino también en una “presunta mora en la tramitación del recurso de apelación” presentado por la Procuraduría. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial aclaró que la apertura de la investigación no implica una responsabilidad automática de la funcionaria, pero el caso pone de relieve las posibles fallas en el sistema judicial al tratar casos de corrupción de alto impacto.