Estas decisiones marcan un hito en la justicia transicional colombiana, aunque han generado un intenso debate sobre su proporcionalidad y efectividad.

En el caso de los exjefes de las FARC, la JEP impuso la máxima sanción propia de ocho años, que no implica cárcel sino la participación en proyectos restaurativos como desminado, búsqueda de desaparecidos y construcción de memoriales. La decisión ha sido criticada por algunas víctimas y sectores políticos, como la senadora Paloma Valencia, quienes la consideran una “burla a la justicia” y un acto de impunidad. Ingrid Betancourt, víctima de secuestro, afirmó que la ausencia de restricción a la libertad “acaba con la posibilidad de que en el futuro haya procesos de paz negociados”. Por otro lado, la ONU calificó la sentencia como un “hito histórico”. En el caso de los 12 exmilitares del Batallón La Popa, responsables de asesinar civiles para presentarlos como bajas en combate entre 2002 y 2005, se impusieron penas de entre cinco y ocho años de trabajos restaurativos, como la construcción de un mausoleo en Valledupar. La JEP destacó que estos crímenes constituyeron un patrón sistemático de macrocriminalidad. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que la libertad de los sancionados “será limitada, no en celda sino con supervisión pública”, y advirtió que la ejecución de estas sentencias requiere más de 121.000 millones de pesos, recursos que aún no están garantizados por el Gobierno.