La designación se fundamenta en la Ley 63 de 1923, que faculta al presidente para adscribir un asunto a otro ministro cuando el titular se declara impedido. Además del caso Uribe, Benedetti también se encargará de procesos relacionados con los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la extradición de ciudadanos venezolanos requeridos por el gobierno de Nicolás Maduro. Este nombramiento coloca a una de las figuras más influyentes y polémicas del gobierno Petro al frente de un proceso judicial de gran sensibilidad nacional.