Los delitos imputados son peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado.

La Contraloría, por su parte, informó que, con corte a junio de 2025, la EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones. Aunque la defensa de Cardona sostiene que “ni un solo peso salió de la Nueva EPS para enriquecer a terceros”, la Fiscalía argumenta que los fondos de las utilidades ficticias, estimados en más de 70.563 millones de pesos, se usaron para cubrir pasivos y pérdidas de años anteriores, configurando el delito de peculado. Testimonios de exfuncionarios y documentos internos, como correos y tableros de control, respaldan la tesis de que se establecían topes mensuales de facturación para mantener la deuda oculta.