La jueza Fernández Castellón le concedió la libertad condicional tras cumplir 48 meses de pena, computando tiempo de reclusión y redención por trabajo. Sin embargo, la Procuraduría argumentó que la decisión vulneró normativas del Código Penal y Penitenciario que limitan los beneficios para condenados por delitos contra la administración pública. Además, señaló que las entidades perjudicadas no se constituyeron como parte civil en el proceso, un requisito exigido por la ley. La investigación disciplinaria contra la jueza no solo se centrará en las circunstancias de la concesión del beneficio, sino también en una presunta demora en la tramitación del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, lo que pudo haber limitado los controles de legalidad sobre la medida. La apertura de este proceso disciplinario pone el foco en la responsabilidad de los funcionarios judiciales en casos de corrupción de alto impacto.