La JEP calificó estos hechos como crímenes de lesa humanidad y de guerra, destacando la afectación desproporcionada a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.

Los doce condenados, entre oficiales, suboficiales y soldados, aceptaron su responsabilidad.

A diferencia de la sentencia contra las Farc, este fallo sí especifica restricciones de movilidad, obligando a los sancionados a residir en Valledupar para cumplir con los proyectos restaurativos. Estos incluyen la construcción de un mausoleo con 700 osarios, centros culturales para las comunidades indígenas y otras obras de memoria y reparación. La JEP descontó el tiempo que algunos de los condenados ya habían cumplido en la justicia ordinaria. La decisión fue saludada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como un paso para superar posturas negacionistas.

Por otro lado, tres coroneles retirados que no aceptaron su responsabilidad enfrentan un juicio adversarial que podría resultar en penas de hasta 20 años de cárcel.