Esta decisión, que no contempla cárcel, marca un hito en la justicia transicional colombiana pero ha generado un profundo debate entre las víctimas y la opinión pública.

El fallo, correspondiente al Macrocaso 01, declara a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y otros cuatro exjefes guerrilleros como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes, homicidios y desapariciones forzadas. La sentencia impone la sanción propia máxima de ocho años, que se cumplirá mediante la participación en proyectos restaurativos como la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y recuperación ambiental. Aunque los condenados tendrán restricciones efectivas a su libertad y movilidad, que serán monitoreadas electrónicamente por la JEP y la ONU, conservarán sus derechos políticos. La decisión ha sido celebrada por organismos como las Naciones Unidas, que la calificaron como un “hito histórico”.

Sin embargo, ha provocado una fuerte indignación entre las víctimas.

Figuras como Ingrid Betancourt, quien estuvo más de seis años en cautiverio, calificaron el fallo como una “burla” y una “total impunidad”, anunciando su intención de acudir a instancias internacionales. De manera similar, el general (r) Luis Mendieta y el sargento (r) César Augusto Lasso, ambos secuestrados por más de una década, expresaron que la sentencia es revictimizante y no cumple con las expectativas de justicia y reparación. El Procurador General, Gregorio Eljach, anunció que un equipo de delegados examinará la sentencia y no descartó la posibilidad de apelar la decisión.