Teresa Jaramillo, conocida como alias 'La Tía', fue condenada a cuatro años y quince días de prisión tras aceptar su participación en una red de corrupción al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez del 'Clan del Golfo'. Mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Jaramillo admitió ser responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La investigación de la Fiscalía demostró que 'La Tía' lideraba un grupo de personas encargado de contactar a integrantes de la fuerza pública para obtener información privilegiada sobre operaciones militares contra el 'Clan del Golfo' en las regiones del Magdalena Medio y el sur de Bolívar. A cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas, la red pagaba importantes sumas de dinero a los uniformados. Este esquema de corrupción buscaba debilitar la capacidad operativa del Estado y garantizar la continuidad de las actividades ilícitas de la organización criminal.
En el marco de este mismo caso, también fueron condenados otros implicados, entre ellos el cabo primero en retiro del Ejército Nacional, Juan David Caicedo Lucumí.
Según las pruebas, Caicedo, actuando por orden de 'La Tía', ofreció 100 millones de pesos a un oficial a cambio de datos sensibles de su unidad militar. Asimismo, Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la hoy sentenciada, fueron condenados por desembolsar 25 millones de pesos a otro uniformado en Medellín entre octubre de 2024 y enero de 2025. La sentencia contra 'La Tía' y sus cómplices representa un golpe a las estrategias de corrupción del Clan del Golfo para infiltrar a la fuerza pública.
En resumenAlias 'La Tía', una operadora clave del Clan del Golfo, fue sentenciada a más de cuatro años de prisión por liderar una red que sobornaba a militares a cambio de información sobre operativos. La condena, producto de un preacuerdo con la Fiscalía, también incluye a un militar retirado y otros cómplices, evidenciando los intentos del grupo criminal por corromper a la fuerza pública para proteger sus operaciones.