Este no es un caso aislado; otro juez en Medellín ya había impuesto una sanción similar a Llinás por un desacato distinto.

La DIAN ha argumentado que cumplir con todas estas órdenes judiciales implicaría desvincular a cientos de funcionarios provisionales, lo que podría generar una ola de demandas laborales.

No obstante, los jueces han reiterado que el desacato busca restablecer derechos fundamentales.

La sanción actual deberá ser revisada por una instancia superior antes de su ejecución.