El peculado por apropiación se estima en al menos 70.563 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro ha denunciado públicamente el caso, afirmando que "se robaron la salud" y ordenó al Ministerio del Interior investigar los posibles vínculos de los gerentes regionales de la EPS con el recién elegido magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, sugiriendo un "plan de robo dentro del Estado" para garantizar impunidad.