La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por un periodo de quince años y seis meses al patrullero de la Policía John Antonio Gutiérrez Rodríguez, por su responsabilidad en la muerte de dos personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá. El ente de control demostró que, en medio de las manifestaciones en inmediaciones del CAI Verbenal, el uniformado "hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación impactando a dos manifestantes que perdieron la vida" sin que existiera justificación alguna para ello. En su decisión de primera instancia, la Procuraduría aseveró que el disciplinado incurrió en un "abuso de poder que atentó contra los derechos fundamentales de las víctimas". Se determinó que utilizó el poder coercitivo del Estado no para proteger a la ciudadanía ni restaurar el orden, sino para "agredir de forma letal sin una justificación válida, vulnerando así el respeto mínimo que toda vida humana merece en una sociedad democrática".
La falta fue calificada como gravísima a título de dolo. Las protestas de septiembre de 2020 se desataron tras la muerte de Javier Ordóñez, un ciudadano que fue sometido con uso excesivo de una pistola eléctrica Táser por parte de dos agentes.
Las manifestaciones, que comenzaron pacíficamente, derivaron en violentos enfrentamientos que dejaron diez muertos en Bogotá y tres en Soacha.
El fallo de la Procuraduría contra el patrullero Gutiérrez podrá ser apelado.
En resumenUn patrullero de la Policía fue destituido e inhabilitado por 15 años y seis meses por la Procuraduría, tras ser hallado responsable de la muerte de dos manifestantes durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá. El ente de control determinó que el uniformado hizo un uso injustificado de la fuerza letal, incurriendo en un abuso de poder.