JEP emite primera sentencia contra militares por 'falsos positivos'

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera sentencia contra miembros de la fuerza pública por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos', imponiendo sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años a doce exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar. Los uniformados reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 135 personas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005, a quienes hicieron pasar por bajas en combate. La sentencia, emitida dos días después de la condena a la cúpula de las FARC, busca un equilibrio en la justicia transicional. La JEP documentó dos patrones macrocriminales: una alianza con grupos paramilitares para obtener víctimas y el asesinato de personas vulnerables engañadas con falsas promesas de trabajo. Los crímenes fueron calificados como de lesa humanidad y de guerra, incluyendo asesinato, desaparición forzada y tortura. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que "estos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia". A diferencia de la sentencia contra las FARC, esta detalla con mayor claridad las restricciones de libertad: los sancionados deberán residir en Valledupar y participar en proyectos como la construcción de un mausoleo con 700 osarios en el Cementerio del Ecce Homo. La ONU saludó la condena como un paso para superar posturas negacionistas, mientras que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación especial sobre un exfuncionario y fiscales presuntamente implicados en la impunidad de estos casos.

En resumen

En un fallo histórico, la JEP condenó a doce exmilitares a penas restaurativas de hasta ocho años por 135 'falsos positivos', destacando una alianza sistemática con paramilitares. Las sanciones, que incluyen restricciones de movilidad en Valledupar y trabajos de memoria, buscan reparar a las víctimas y evitar la repetición, aunque los altos mandos que no aceptaron responsabilidad enfrentarán juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.

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