La decisión ha provocado una profunda división.

Víctimas como Íngrid Betancourt y el general (r) Luis Mendieta la calificaron como una "burla" y un acto de "impunidad total", anunciando su intención de acudir a instancias internacionales.

Betancourt afirmó que "los únicos restaurados son los criminales".

Por otro lado, la JEP, a través de sus magistrados, y organismos como la ONU, celebraron el fallo como un "hito histórico" en el que, por primera vez, los máximos responsables de un grupo armado reconocen sus crímenes ante la justicia. La sentencia también confirmó que los excomandantes no perderán sus derechos políticos, un punto clave del Acuerdo de Paz, aunque su cumplimiento primará sobre sus actividades políticas.