El caso se centra en el predio conocido como "Aguas Vivas".

La Fiscalía sostiene que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los funcionarios intentaron favorecer a particulares cambiando la figura de cesión gratuita del lote por una compraventa, con la intención de pagarles más de 40.500 millones de pesos.

Al fracasar este intento, según el ente acusador, el exalcalde y su entonces secretario general habrían expedido actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno y permitir desarrollos urbanísticos prohibidos por el POT.

Entre los acusados se encuentran exsecretarios de dependencias clave como Gestión Humana, Suministros y Planeación.

Daniel Quintero ha rechazado las acusaciones, calificándolas de un "montaje judicial" con motivaciones políticas para sacarlo de la contienda presidencial. En un video, aseguró que demostrará su inocencia "con pruebas" y que su turno de defenderse ha llegado.

La radicación del escrito de acusación da paso a la etapa de juicio, un desarrollo judicial significativo para una de las figuras políticas más prominentes y controvertidas del país.