Un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable a Michael J. Inofuentes, ciudadano estadounidense con residencia en Colombia, por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero. El caso involucra el abuso de una menor de 15 años en Medellín, quien quedó embarazada como resultado de los encuentros. La condena fue anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó la importancia de la colaboración internacional para llevar a los responsables ante la justicia. Según el mandatario, las autoridades estadounidenses presentaron pruebas "irrefutables" contra Inofuentes, incluyendo conversaciones de texto donde negociaba encuentros sexuales con la menor, registros de pagos y documentación de citas en hoteles de la capital antioqueña. El caso salió a la luz el 1 de noviembre de 2024, cuando Inofuentes fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Miami a su regreso de Colombia. Una inspección de sus teléfonos móviles reveló los mensajes comprometedores.
Aunque inicialmente fue liberado, fue detenido días después cuando intentaba abordar un vuelo de regreso a Colombia.
Inofuentes, que inicialmente negó los hechos, terminó admitiendo haber ofrecido dinero a la víctima a cambio de sexo.
El acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y una posible cadena perpetua, y su sentencia se conocerá en enero de 2026. El alcalde Gutiérrez fue enfático al señalar que "la niñez es sagrada y debe estar protegida siempre", agradeciendo la cooperación de agencias como Homeland Security Investigations (HSI) y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
En resumenGracias a la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, Michael J. Inofuentes fue condenado en un tribunal federal estadounidense por tráfico sexual infantil en Medellín. Las pruebas, que incluían chats y registros de pagos, fueron contundentes para sentenciar al ciudadano estadounidense, quien enfrenta una pena de hasta cadena perpetua por el abuso de una menor de 15 años.