El fallo histórico declara a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que afectaron a por lo menos 21.396 víctimas. La sanción no es privativa de la libertad, sino que consiste en "sanciones propias" con restricción de derechos y libertades, que incluyen la obligación de participar en trabajos, obras y actividades con contenido restaurador (TOAR). Entre los proyectos priorizados se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación ambiental y reparación simbólica.

Los sancionados estarán bajo monitoreo permanente y con restricciones de movilidad.

La decisión ha provocado reacciones encontradas. Víctimas como Íngrid Betancourt y el sargento (r) César Augusto Lasso la calificaron como una "burla" y un acto de "total impunidad", criticando la ausencia de cárcel y la falta de proporcionalidad. Betancourt incluso anunció que podría acudir a la justicia internacional. Por otro lado, la ONU, a través de su secretario general António Guterres, celebró la sentencia como un "hito histórico" y un paso clave para la justicia transicional. Defensores del fallo, como el exnegociador Humberto de la Calle, lo consideran un hecho "inédito en el mundo", al ser la primera vez que una guerrilla se somete voluntariamente a un tribunal para aceptar su responsabilidad.